El presidente de Perú, Pedro Castillo, expresó su solidaridad a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, al considerar que toda investigación judicial debe conducirse con respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso, según un mensaje compartido este miércoles en sus redes sociales.
Horas después de la difusión de un comunicado de sus homólogos de Colombia, México, Bolivia y Argentina, el jefe de Estado peruano extendió su «solidaridad con la vicepresidenta de la hermana República Argentina, @CFKArgentina».
«Toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso», añadió Castillo en un mensaje en el que compartió el comunicado de sus colegas mandatarios.
Los jefes de Estado de Colombia, México, Bolivia y Argentina manifestaron su «más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo» Cristina Fernández, para quien un fiscal pidió el pasado lunes una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
Según el argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce, esta «persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».
«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales», afirma el comunicado.
El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
El fiscal considera que está probado que Fernández fue la «jefa» de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.