El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se mostró inconforme con la variación de la prisión preventiva a cuatro implicados en el caso Coral y dijo que con la decisión el tribunal «pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones».
En opinión de Camacho, la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, “pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar”, dijo Camacho al salir de la sala de audiencias.
Este martes la jueza Rivas varió la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso de corrupción administrativa denominada caso Coral, por garantía económica, prisión domiciliaria, impedimento de salida y colocación de grilletes electrónicos.
“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones, seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley. El que haya violado la ley se sentará en el banquillo de los acusados independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”, agregó Camacho.
El funcionario de la Procuraduría también se quejó de que la jueza haya culpado al Ministerio Público de ser responsable de las dilaciones y las suspensiones de las audiencias. Dijo que a los imputados se les otorgó 95 días para defenderse de la acusación, “pero ahora la culpa es del Ministerio Público por hacer una investigación amplia y exhaustiva”.
“Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica, solamente aplica para beneficiar a los acusados por casos de corrupción. El Tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo, en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo a hacer esas investigaciones. Para procesar a 17 empresas muchas veces tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente no comprenden, salvo para beneficiar a los acusados”, afirmó Camacho.