El tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santiago aplazó para el miércoles 18 de este mes la audiencia de medidas de coerción contra Joseph Junior Guzmán (Yunito), de 28 años de edad, a quien el Ministerio Público acusa junto a Lorenzo Silverio Almonte de violar a varios adolescentes en un centro de rehabilitación de Santiago, entre otros cargos.
Los abogados del imputado solicitaron más tiempo al tribunal para elaborar los medios de defensa y la jueza Iris Borgen concedió el aplazamiento.
Hay otros empleados bajo investigación por el el «infierno» que vivían los jovencitos con edades de entre 13 y 17 años, en el centro, según la investigación.
El procurador fiscal Osvaldo Bonilla contó que las indagatorias han revelado atrocidades que cometía Guzmán junto al director del centro, Lorenzo Silverio Almonte y/o Julián (el Pastor), quien ya fue enviado a cumplir prisión preventiva por 18 meses.
«Se trata de un caso de mucho cuidado porque involucra a menores de edad, así como narra el expediente hay otras personas que están siendo vinculadas y seguimos ampliando la investigación», expresó Bonilla.
El Ministerio Público está solicitando declaratoria de complejidad del caso y 18 meses de prisión contra Yunito.
«Violaciones al deber de cuidado, y las cuestiones que enviaban y permitían que hicieran los que trabajaban en el centro de rehabilitación, donde jóvenes de distintas edades eran tratados por supuestas adicciones a drogas y alcohol», expresó el representante del MP en Santiago.
Sobre la investigación del fallecimiento de una persona adulta en el referido centro, el fiscal indicó que ese caso sigue a la espera de los resultados de la autopsia, practicada al cadáver, y pronto habrá respuestas, puntualizó.
Bonilla reveló que el caso que ha dado al traste con dos sometimientos por supuestas violaciones sexuales, abusos físicos, psicológicos y actos de barbarie tras una intervención del centro, ubicado en el sector Diego de Ocampo, No.3, La Ciénaga, luego de recibir la denuncia de una muerte en ese lugar.
Las indagatorias en conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Salud “pudo comprobar que los menores de edad fueron víctimas de violación sexual, además de que se les suministraban medicamentos sin prescripción médica”.