Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, la barra de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó al juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, que le levante la prisión preventiva y en su lugar le permita seguir el proceso judicial en su casa, poniendo de garante al doctor y comunicador Julio (Julito) Hazim.
Además, Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y Nelys Rivas pidieron al juez que se le imponga a su cliente impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica en modalidad de contrato y presentación cada 15 días hasta que culmine la audiencia preliminar.
Como en otras ocasiones, los abogados consideraron que la permanencia del exprocurador en prisión es ilegal, puesto que la semana pasada cumplió los 18 meses de prisión preventiva que la jueza de Atención Permanente, Kenya Romero, le dictó como medida de coerción en julio del 2021.
Sin embargo, el Ministerio Público representado por Yeni Berenice Reynoso en la audiencia de este martes, insistió en que al exfuncionario no se le puede levantar la prisión preventiva porque supuestamente está obstruyendo el proceso judicial. Mencionó que el exprocurador supuestamente le ofreció un millón de pesos al testigo Rainieri Sánchez Medina para que no declare en su contra.
«Esos son los que no obstruyen, esos son los que nunca han hecho nada para dilatar el proceso», refutó la directora de Persecución el Ministerio Público mirando hacia el banco donde está sentado Jean Alain y su barra de abogados.
Incluso reveló que actualmente hay tres personas cuidadas en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos por amenazas.
Acusación
El exprocurador está preso en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres acusado de encabezar una red a la que se le atribuye haber desfalcado al Estado con más de 6,000 millones de pesos desde la institución que dirigía y por cuyo caso hay otros tres detenidos. A la supuesta trama, que involucra a más de 60 imputados, entre personas físicas y jurídicas, se le acusa de los delitos de asociación de malhechores y corrupción administrativa, crímenes de alta tecnología y violar la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la de soborno.
Los otros tres imputados que guardan prisión por el caso son el exdirector de Tecnología de Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Fortaleza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público y quienes también llevan un año y seis meses con la medida de coerción.
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