El Tribunal Superior Administrativo (TSA), rechazó la medida cautelar solicitada por Valdez Professional Training Systems, en contra de la Contraloría General de la República, que se negó a registrar un contrato por tres meses, por un monto de 598 millones de pesos, para el programa “Bachilleres Bilingües Productivos”, firmado con el Instituto Nacional de Formación Magisterial (Inafocam).
El TSA indica que no fueron probadas las razones para acoger la medida y que no tiene nada que tutelar, ya que el contrato resultante del proceso de excepción por supuesto proveedor único, entre Valdez Professional Training Systems y el (Inafocam), fue rescindido por este último.
El propósito del programa era formar y capacitar a 700 docentes del sector público y 297,732 estudiantes, cuando la finalidad de los recursos del Inafocam están dirigidos exclusivamente a la capacitación de los maestros.
La decisión del TSA fue emitida el ocho de febrero por el juez Diógenes Villalona Guerrero y en el proceso la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), intervino de manera voluntaria, aun no siendo parte del proceso, por ser un asunto de su interés por la materia de que se trata.
El tribunal, en cuanto a la forma, declaró regular y válida la solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por Valdez Professional Training Systems, en contra de la Contraloría General, pero en cuanto al fondo rechazó la solicitud de adopción de la medida cautelar solicitada
El Inafocam rescindió el contrato en septiembre del 2022, luego de que fuera designado Francisco Ramírez, y se indicara que el Comité de Compras llevó a cabo un proceso irregular, al margen de la ley 340-06, porque convocó a un procedimiento de excepción por proveedor único y Valdez Professional Training no es la única institución de educación superior de capacitación en inglés reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
El Tribunal deberá conoce en los próximos días otros recursos presentados por Valdez Professional Training Systems, en contra del Inafocam, el Ministerio de Educación y la DGCP.