Los abogados de varios de los imputados en la presunta red de tráfico de personas, desmantelada  mediante la Operación Frontera, recusaron este viernes a la jueza que conoce el caso en la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi.

Los juristas alegan que la magistrada Javielka Antonia Gómez, del referido tribunal, no puede conocer el proceso, debido a que fue la jueza que ordenó los allanamientos y arresto de los imputados.

Según explican, el artículo 78, numeral 10 y 6 del Código Procesal Penal, el juez que conoce una investigación anterior a la audiencia no debe conocer el proceso.

«Es una jueza que tiene bastante conocimiento del caso, por lo que está contaminada para conocer la medida», declaró Wendy Almonte, abogada de la defensa.

Ahora, la Corte de Apelación de la provincia Montecristi decidirá si procede o no la recusación realizada a la jueza Gómez. La audiencia fue suspendida sin fecha hasta que la Corte decida sobre la solicitud de la defensa.

Entre los imputados están Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

Así como también los miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

En la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.

Los encartados están acusados por tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un  delito  la  Trata y Tráfico de Personas.

De acuerdo con la investigación, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.

En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.

Entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran la presente estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.