La Corte de Apelación del distrito judicial de Montecristi no ha decidido si acoge o no la recusación presentada a la jueza Javielka Antonia Gómez, del tribunal de Atención Permanente que conoce la medida de coerción sobre la supuesta red de tráfico internacional de personas desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Frontera.

Los abogados de la defensa alegan que la magistrada Gómez no puede conocer el proceso, debido a que fue la jueza que ordenó los allanamientos y arresto de los imputados.

Explican que el artículo 78, numeral 10 y 6 del Código Procesal Penal indica que el juez que conoce una investigación anterior a la audiencia no debe conocer el proceso.

Cuando la corte emita su decisión sobre la recusación el tribunal de Atención Permanente fijará la audiencia de medida de coerción.

Por el caso están imputados Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

Así como también los miembros del Ejército de República Dominicana, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

En la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.

De acuerdo con la investigación, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.