El abogado Ángel Lockward, quien se encuentra entre los investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la Operación Calamar, está acusado de colocar bienes en el mercado financiero, productos de los actos ilícitos, a través de certificados financiero de ciento de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.
En la solicitud de allanamiento realizada por la PEPCA al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de fecha del 17 de febrero pasado, contra los exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, indica que la estructura de corrupción planificó extraer fondos públicos del Estado, a través del Ministerio de Hacienda con la participación directa de los investigados Donald Guerrero, en su condición de Ministro de Hacienda, y en coalición con José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia, con el fin de enriquecerse y favorecer la campaña política de Gonzalo Castillo, quien alegadamente recibió un aproximado de RD$ 6,457,000,000.00.
“El entramado de corrupción se valió de personas físicas, abogados, bróker, empresarios, ingenieros, supuestos sucesores de las parcelas investigadas para cometer los hechos ilícitos antes mencionados entre estos se encuentran los investigados: Ángel Lockward abogado en ejercicio privado”, indica el expediente.
El documento establece que Lockward se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, que, junto a Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Esos actos ilícitos desfalcaron y estafaron al Estado Dominicano.
Explica que para la comisión de estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila.
“Agustín Mejía Ávila y Ángel Lockward, se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, ofertándole gestionar el pago irregular a través de la estructura criminal. En la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la estructura criminal del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, para lo cual utilizaron la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras”, establece.
Indica, además, que, a través de ellos recibieron el RD$296,637,125.29, y a nombre de Agustín Mejía Ávila la suma de RD$9,394,526.17, por hacer las negociaciones de los pagos y las cesiones de créditos ficticias a la estructura criminal.
En el documento se explica que, en el entramado de corrupción, en esta modalidad participaron el ex ministro de Hacienda el investigado Donald Guerrero, el ex Contralor General Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Ángel Lockward, quienes supuestamente desviaron fondos públicos con la anuencia además del fenecido ex director de Bienes Nacionales y el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, usando empresas de la estructura y cobros de cesiones de créditos valiéndose del motivo de deuda inexistente.