El esquema que describe el Ministerio Público sobre la forma de operar de la supuesta estructura de corrupción revelada en la Operación Calamar, implicó gestiones de cobros al Estado o para el Estado, de dinero que luego se quedaba en dicha estructura y cuyos miembros usaban apodos o codinomes (alias) para la distribución de esos recursos.

Así se evidencia en la solicitud de medida de coerción a las 20 personas que fueron detenidas el pasado fin de semana, incluidos exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuya lista encabezan los exministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Hacienda, Donald Guerrero y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien además fue el candidato presidencial de esa organización política en las elecciones presidenciales de 2020.

En la solicitud, consistente en 18 meses de prisión preventiva para los imputados y declaración de complejidad del caso, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se establece que el exministro Donald Guerrero se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto –cita a Peralta y Castillo- y funcionarios medios, con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los fondos públicos.

Cita varias maniobras fraudulentas, como la gestión de cobros al Estado tanto por deudas de obras, por expropiación o ventas de terrenos, así como por cobros a empresas que operaban de forma irregular.

La estructura se habría beneficiado con más de 19,000 millones de pesos. En sus gestiones, se quedaba hasta con el 100 por ciento de los recursos que cobraba, los que tenían el fin de financiar la campaña política del PLD, durante los años 2019 y 2020.

En la solicitud de medida, la Pepca presentó como prueba el contenido de una computadora incautada a uno de los involucrados en la operación y que sirve de testigo, el señor Efraín Santiago Báez Fajardo. Entre los documentos extraídos al dispositivo tecnológico, mediante pericias forenses, se encontró uno en Excel denominado “Operaciones Bines (sic) Nacionales listado cesiones_19462”.

Según la Pepca, en dicho documento “la estructura criminal tenía un registro de cada caso de expropiación y de cómo se distribuían los fondos de cada libramiento que autorizaba el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y lo que le correspondía al candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el imputado Gonzalo Castillo, que se identificaba con el codinome “Oficial”.

Los codinomes son citados en varias partes de la solicitud de medida y se identifican de la siguiente manera: Ofic. = Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; MM= Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; JA= José Arturo Ureña; FC= Fernando Crisóstomo; MX= Ministro Donald Guerrero; ER= Emilio César Rivas Rodríguez; OC= Daniel Omar Caamaño.

En el caso específico de la gestión de cobro mediante cesión de deuda, relativa a  la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.R.L., que los investigadores cifran en 553,160,000.00, la estructura se habría quedado con el 74 % del monto. De ese total. 

Entre ellos la distribución habría sido de la manera siguiente: “Ofic. DOP 165,948,000.00= (30 %); MX DOP 44,252,800.00 = (8 %); ER DOP 27,658,000.00 = (5%); OC DOP 11,063,200.00 = (2%); MM DOP 22,126,400.00 = (4%); JA DOP 22,126,400.00 = (4%) y FC DOP 22,126,400.00 = (4%).

En otros casos, indica, la totalidad del cobro quedaba en manos de los imputados.