El Ministerio Público pidió este martes al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declararse incompetente para evaluar las pruebas periciales en el proceso que se sigue en contra del extitular de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto De León, quien es esposo de Carmen Magalys Medina Sánchez y que busca invalidar la auditoría practicada en la institución eléctrica.
De León, quien dirigió Edeeste en el período 2012-2020, es investigado por formar parte de una red de corrupción administrativa que afectó la referida institución.
Aunque no figura como acusado, la investigación contra De León guarda relación con el caso seguido a Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina.
Una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República dice que el fiscal Yoneiby González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en cuanto al fondo del asunto, solicitó al tribunal declarar inadmisible el recurso de nulidad de la auditoría practicada a Edeeste, que interpuso De León, al precisar que lo atacado son actos de mero trámites.
En ese sentido, González estableció que es el juez penal que debe evaluar las pruebas periciales aportadas contra De León.
El órgano acusador sostiene que los documentos atacados se encuentran en la jurisdicción penal y fueron avalados por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Además, solicitó al tribunal que rechace el pedimento de la parte recurrente debido a que no se vislumbra violación al debido proceso.
El tribunal, presidido por la jueza Luisa Canaan, se reservó el fallo respecto a una solicitud de sobreseimiento de la audiencia y otorgó un plazo de cinco días para que las partes presenten su escrito de defensa.
Juan Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, así como los demás acusados de la Operación Antipulpo, fueron enviados a juicio el pasado 7 de febrero por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por desfalcar al Estado con más de 5,000 millones de pesos.