La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ordenó la prisión preventiva contra cuatro imputados en una presunta estructura criminal que se dedicaba a falsificar sentencias, resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad irregular de un preventivo que guarda prisión por su vinculación con delitos cibernéticos, lavado de activos, entre otros hechos.
La jueza del tribunal, Yeritza Cabral, declaró el proceso de tramitación compleja y ordenó que otro de los imputados se presente periódicamente ante el órgano acusador, impedimento de salida del país y la presentación de una garantía económica de 20,000 pesos.
El tribunal le otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal contra los procesados.
La prisión preventiva se ordenó en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo (Frank), en tanto que a Eddy Alberto Franco la presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica.
Con la imposición de las medidas de coerción el tribunal «valoró todas las pruebas que el Ministerio Público ha presentado «y nosotros también valoramos la decisión del tribunal», manifestó a la salida de la audiencia el titular de la Fiscalía, Osvaldo Bonilla.
«Entendemos que se está enviando un mensaje de contundencia contra una estructura que apenas refleja la punta del iceverg, en lo que respecta a lo que hemos avanzado en la investigación porque entendemos que debemos seguir identificando otras personas que hayan participado en estos hechos”, advirtió el fiscal titular.
De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la República, dos de los cinco imputados son empleados suspendidos del Poder Judicial. La presunta red falsificó documentos incluyendo una sentencia y un contrato de fianza, para agenciarse con la libertad irregular del imputado Jonathan Francisco Ventura Vázquez, quien guarda prisión por delitos del cibercrimen, el lavado de activos, entre otras imputaciones graves que fueron develadas por la Operación Discovery, y cuya prisión se intentaba variar por medios ilícitos.
La Fiscalía les atribuye a los integrantes de esta estructura delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los hechos citados contemplan transgresión a los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano.