Acogiéndose a una petición de la Fiscalía de Santiago, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción condenaron a 15 años de prisión a un exempleado de la Junta Central Electoral (JCE), acusado por el robo de $37,117,300.00 (treinta y siete millones ciento diecisiete mil trescientos pesos) en efectivo, luego de irrumpir, rompiendo puertas y una pared, hasta la zona donde estaba guardada la suma millonaria en el recinto electoral de esta provincia.  

El condenado es Joel Antonio Durán Tavares, ex inspector de seguridad y monitoreo de la institución, quien, además, fue sentenciado al pago de una indemnización civil de 10 millones de pesos a favor de la institución agraviada.  

El titular del Ministerio Público en Santiago, fiscal Osvaldo Bonilla, expresó su valoración a la condena emitida, por cuanto resarce, en materia penal y civil, el daño infringido a la Junta Central Electoral y porque, también, valida la investigación penal desplegada por la institución persecutora.

«En relación a los demás acusados que fueron absueltos, esperaremos la notificación de la sentencia íntegra, a los fines de analizar si es pertinente presentar un recurso de apelación», indicó el fiscal titular.  

La Fiscalía de Santiago, debidamente representada por los fiscales Luisa García y Elvin Ventura, sustentó con pruebas, que el tribunal consideró no vinculantes, la participación en los hechos de Juan Carlos Fortuna, Estarlin Rosario y Jorge Luis Peña Rossó, quienes junto a Durán Tavares se asociaron para cometer el robo.  

El tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres.  

Los hechos atribuidos al condenado ocurrieron el 29 de junio del año 2020 en la víspera del proceso electoral que la Junta organizaba, en tanto que la suma sustraída se destinaría para el pago nominal de empleados fijos y personal contratado.  

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La relación circunstanciada de los hechos que fueron investigados por un amplio equipo coordinado por el fiscal Juan Elías Pérez, narrada por el Ministerio Público ante el tribunal, indica que el condenado, habiendo acordado la trama, no abandonó el edificio a la hora en que estaba previsto retirarse de sus labores y se escondió en el sótano de la institución, a la espera de que todo el personal se retirara.

Una vez que se le confirmó la salida de todo el personal, se dirigió a la zona de monitoreo y desactivó las cámaras de vigilancia, para luego, haciendo uso del carnet de un empleado pensionado, abrir una de las puertas, forzar otras y romper una pared en sheetrock hasta llegar al baño contiguo a la oficina del presidente del organismo, y sustraer la suma indicada.  

Luego de varios interrogatorios y más de 20 allanamientos, la Fiscalía de Santiago logró recuperar más de un millón de pesos en la residencia del condenado y de familiares, y el resto del dinero fue encontrado escondido en el plafón del sótano del órgano electoral.  

Basada en estos hechos, la Fiscalía le atribuyó al condenado la violación a los artículos 265, 266, 379, 384 y 386. 3, del Código Penal Dominicano, que sanciona la asociación de malhechores, el robo con fractura y rompimiento y robo asalariado.