El gobierno acordó «extender por 45 días más el estado de excepción» y «ampliar de 75 a 123 los municipios que estarán intervenidos», dijo un comunicado. Según la presidenta Xiomara Castro, la medida está teniendo “buenos resultados”. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian “la suspensión de las garantías constitucionales”.
Castro impuso el pasado 6 de diciembre la medida para enfrentar a los pandilleros, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que aterrorizan las barriadas. El estado de excepción «ha permitido la identificación y captura de integrantes de estas estructuras criminales que se lucran» de la extorsión, el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, homicidios, feminicidios y lavado de activos, aseguró.
El «estado de excepción» rigió originalmente en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula. La primera ampliación extendió también la medida a otros 73 municipios y en la segunda se amplía a 123 «porque ahora [los criminales] se mueven de áreas urbanas a las rurales», subrayó.
La orden faculta a los policías a «detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes».
La presidenta destacó en esa oportunidad que la ofensiva se enfoca sobre todo en combatir los extorsionistas, «una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios», especialmente los transportistas.
Pero no todos aprueban el estado de excepción. “Lo que estamos viviendo actualmente en Honduras es una suspensión de las garantías constitucionales”, denuncia Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familias de detenidos y desaparecidos de Honduras (Cofadeh).
“Este gobierno asumió un poder realmente destruido, sobre todo en lo que significa el estado de derecho, y por lo tanto asumió una estructura criminal que funcionaba y que funciona todavía. Añoro que Honduras retorne o que vuelva a asemejarse a un estado democrático, a un estado de derecho”, dijo a RFI Oliva.
En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100,000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo.
El informe, que atribuye la reducción a la implementación de «nuevas estrategias» de seguridad, indicó que 1,371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.