El 4 de agosto el país estará en medio de la conmemoración de las dos décadas de los Juegos Panamericanos de 2003 en la capital dominicana.
Pero si el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) no reacciona a la enésima alerta de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la nación desayunará con la noticia de una drástica sanción internacional que, entre otras penalidades, limita a sus atletas a participar en los eventos mundiales como equipo neutral, sin su bandera y sin himno.
Similar al calvario que viven los atletas rusos desde que en el 2019 se aplicó una sanción por violar el Código Mundial Antidopaje.
Diario Libre tuvo acceso a una comunicación/ultimátum que envió el cuatro de mayo a Miderec y el COD la uruguaya María José Pesce, directora de la oficina Latinoamericana de la WADA, donde informa de que si al cuatro de agosto no se han corregido 15 acciones ya sugeridas se activará el capítulo de no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje.
“(Esto) traerá consecuencias para todos los deportistas dominicanos y el país, según lo establece el Estándar Internacional de Cumplimiento”, informó Pesce en una misiva enviada tanto a Francisco Camacho, ministro de Deportes, como Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Pesce editaba y traducía al español un correo electrónico que le había emitido Emiliano Simonelli, director de la Unidad de Cumplimiento de la WADA, a raíz de la auditoría realizada en el país en diciembre pasado y de la cual no se ha completado las recomendaciones aplicadas.
La raíz del problema es la no asignación de los fondos económicos necesario a la Agencia Nacional Antidopaje, un monto fijo que, según consultas realizadas por DL, no excederían los RD$10 millones anuales.
Las consecuencias
El capítulo 11 del Código Mundial Antidopaje establece que si un país signatario lo incumple se le retira toda ayuda económica y logística que reciba de la WADA. Pero es lo menos severo.
En su acápite 11.1.1.9., resume tajante que se “suspenderá el reconocimiento del Movimiento Olímpico y/o la afiliación al Movimiento Paralímpico”. El país queda suspendido de organizar competencias oficiales.
En los demás acápites aparecen castigos como la exclusión de participar o asistir a los Juegos Olímpicos y otros eventos específicos durante un plazo, al Comité Olímpico de ese país, a sus representantes, una sanción que también incluye a los deportistas de participar en competencias de su federación internacional.
La alerta llega cuando el país se apresta a participar y ser coorganizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador (23 de junio al 8 de agosto).
De no hacerse los correctivos el primer gran evento al que los atletas dominicanos estarían en juego participar es los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile (20 de octubre al 5 de noviembre). También los clasificatorios a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Inversión pública, pedido de WADA para evitar sanción
La carta de la WADA llegó a los buzones de Camacho y Bautista a principio de mayo, al cumplirse el periodo de tres meses que se le había otorgado al país desde la alerta previa.
Todo se resume en dinero. El primer punto es “dar recursos para cumplir con los requisitos del Código Mundial Antidopaje”. La Agencia Nacional Antidopaje (ANA) ni siquiera tiene una oficina asignada ni el personal nombrado.
Un informe al que este medio tuvo acceso establece que ese punto, el principal, se soluciona con una inversión de US$125 mil.
DL consultó a Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte y referencia de la especialidad, pero declinó hacer comentario sobre el tema.
La WADA pide cambios en un proyecto de ley que está en el Congreso. También pide modificación en los estatutos de la ANA. Pero son puntos a los que están abiertos a esperar, puesto que se va del control de las autoridades.
En cuanto a las pruebas de dopaje, la WADA pide hacer plan de distribución de controles (TDP en inglés), análisis de riesgo (AR) revisado por la agencia internacional; cumplir con los documentos técnicos de análisis específicos (TDSSA) y la contratación de una unidad de gestión de resultados adversos (APMU).
El cuestionario incumplido también incluye la creación de grupos de riesgo de control y envío de las muestras a tiempo a los laboratorios.
Asimismo, exige la implementación de un sistema de notificación, otro para revisar los resultados atípicos (ATF), garantía de que impongan suspensiones provisionales, subir el sistema de administración de manejo de resultados (ADAMS) y perseguir las infracciones en los plazos del Código.
Otras de los requisitos que no se han cumplido es la de los fondos para poder apelar a las decisiones del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) y que los miembros de la ADA firmen una carta de que no haya conflicto de interés.