La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advirtió este lunes que el país ha sufrido retrocesos en la libertad de expresión y de prensa en el contexto del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas.

«Lamentablemente hay datos preocupantes en materia de retrocesos al derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión», indicó la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, en la presentación de un informe.

Indicó que, desde la aprobación del régimen, la APES ha registrado 385 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

El informe de la APES apunta que estas agresiones incluyen intimidación, la retención arbitraria por parte de militares y policías, declaraciones estigmatizantes de funcionarios, amenazas y difamaciones.

Además, la organización dio cuenta del encarcelamiento de casi un año del periodista Víctor Barahona, cuyo caso ya se ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

Según indicó Cárcamo, en el marco de este régimen, solicitado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, 6 de cada 10 agresiones contra periodistas provienen de agentes estatales, «comenzando desde el Órgano Ejecutivo».

Apuntó que también buscan «desmentir esta narrativa del Gobierno de mencionar que en El Salvador no se criminaliza a la prensa, no se encarcela a periodistas».

Gabriel Labrador, relator para la Libertad de Expresión de la APES, indicó que uno de los patrones que más les preocupa es la retención arbitraria de periodistas durante coberturas, en las que además son amenazados para que borren material audiovisual para no ser procesados penalmente.

Añadió que una serie de reformas legales que «criminalizan» la labor de los periodistas, como las que establecen penas de hasta 15 años por abordar temas relacionados con las pandillas, se han convertido en una especie de «censura previa».

Son al menos 17 los periodistas que han tenido que salir del país o movilizarse al interior de El Salvador por la presión que genera la «criminalización» de los periodistas.

De acuerdo con las autoridades, son más de 71,770 personas las detenidas durante este régimen, que suspende derechos constitucionales, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de al menos 5,490 «víctimas directas» de atropellos y 174 detenidos muertos en custodia estatal.