El ministro del Interior peruano, Vicente Romero, aseguró este viernes que la Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en la frontera entre Perú y Ecuador, con el objetivo de prevenir una posible fuga de los miembros de la banda criminal a la que se adjudica el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En una declaración recogida por la agencia estatal Andina, Romero detalló que el refuerzo consta de 200 agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP), además de tomar «las previsiones necesarias».
«Se trabaja también a nivel de inteligencia entre las dos policías para poder facilitar la captura de estos criminales», anotó el titular de Interior.
En este sentido, detalló que están «trabajando con el comandante general de la Policía Nacional tras producidos los hechos, y con el jefe de región policial de Tumbes», la región fronteriza con Ecuador.
Recordó también que en abril pasado el Gobierno declaró el estado de emergencia en las zonas de frontera de todo el país, lo que permite a las autoridades «actuar de una forma más eficaz».
El candidato presidencial ecuatoriano fue asesinado en la tarde del pasado miércoles, tiroteado al salir de un mitin en el recinto de un colegio del norte de Quito, un crimen por el que hay seis detenidos -todos ellos colombianos- pero donde se desconoce quién está detrás de la orden de asesinarlo.
Un grupo de sicarios disparó a quemarropa contra Villavicencio, candidato del movimiento político Construye, mientras que uno de los sospechosos del tiroteo detenido en el sitio por agentes policiales y otros civiles falleció en circunstancias poco claras cuando era trasladado a una unidad judicial.
Villavicencio había denunciado amenazas de muerte hacía unos días después de dedicar su vida a denunciar la corrupción y constituirse como un acérrimo enemigo del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a partir de sus investigaciones periodísticas y denuncias.
Ecuador vive una espiral de violencia que empezó a girar de manera vertiginosa desde hace un par de años, con frecuentes matanzas carcelarias entre bandas de reos que, según las autoridades, se disputaban el control de las prisiones.
Esa violencia carcelaria saltó a las calles, sobre todo en provincias de la zona costera, como Guayaquil y Esmeraldas, la primera usada como zona de embarque por bandas de narcotraficantes para el envío subrepticio de drogas a los mayores mercados de consumo en Estados Unidos y Europa.