Un hacker presentó este miércoles pruebas ante las autoridades brasileñas de que recibió unos 40,000 reales (8,000 dólares) de una diputada bolsonarista que le contrató para invadir el sistema judicial, según informó este miércoles su defensa.

Walter Delgatti, detenido el pasado 2 de agosto en una operación que investiga el intento de jaqueo de la base de datos de la Justicia, declaró ante la Policía que los encargos partieron de la congresista Carla Zambelli, quien fue una de las más fieles aliadas del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El abogado del hacker, Ariovaldo Moreira, señaló a los periodistas que su cliente reveló que cerca de 14,000 reales (2,800 dólares) los cobró en transferencias bancarias y el resto del dinero lo percibió en efectivo a través de un asesor de la diputada en Sao Paulo.

Los hechos investigados se remontan a la primera semana de enero, justo después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y antes de que, el día 8 de ese mes, miles de seguidores de Bolsonaro destrozaran las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento por derrocar la líder progresista.

Delgatti confesó que pirateó los sistemas del Consejo Nacional de Justicia para, entre otras maniobras, subir una orden de prisión falsa contra Alexandre de Moraes, unos de los jueces del Supremo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objeto de feroces críticas por parte de Bolsonaro y sus correligionarios.

El hacker también comentó que el año pasado Zambelli le encomendó invadir las urnas electrónicas que Brasil usa en sus procesos electorales desde 1996 y que han sido duramente atacadas por Bolsonaro, quien aún hoy no ha reconocido su derrota ante Lula en los comicios de octubre de 2022.

Aseguró que intentó acceder varias veces, pero que nunca consiguió acceder a las urnas electrónicas, protegidas con un robusto sistema de seguridad para impedir precisamente el fraude electoral.

Por aquella época, Bolsonaro y sus aliados, entre ellos Zambelli, llevaban a cabo una campaña de descrédito en la que sembraron sospechas infundadas sobre el proceso electoral, lo que a la postre le costó al hoy exmandatario ser declarado culpable por abuso de poder e inhabilitado por ocho años por orden del TSE.

Sobre Delgatti, ya fue detenido en 2019 acusado de acceder a los mensajes privados de los fiscales que investigaban la vasta trama de corrupción destapada por la Operación «Lava Jato».