El régimen talibán ha perpetrado al menos 218 ejecuciones extrajudiciales desde que ascendió al poder el 15 de agosto de 2021, según un informe de la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) que señala como principales víctimas a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al antiguo Gobierno.

El documento, basado en informaciones «creíbles» y actualizado hasta el 30 de junio, da cuenta además de 14 desapariciones forzosas, más de 144 de torturas y malos tratos y 424 detenciones arbitrarias, pese a que los talibán se comprometieron supuestamente a no adoptar represalias.

Para la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el informe refleja de manera «sobria» cómo es el Afganistán de hoy y el trato que reciben personas que, en teoría, no debían ser perseguidas. «Es una traición a la confianza de la ciudadanía», ha sentenciado el portavoz del Alto Comisionado, Jeremy Laurence.

Los abusos son, además, generalizados, en la medida en que se extienden por las 34 provincias que conforman el país asiático, por lo que la ONU ha reclamado al régimen que respete las obligaciones recogidas en el Derecho Internacional y trabaje en aras de la rendición de cuentas.

El Emirato Islámico, el nombre oficial del régimen, ha negado por boca de uno de sus principales portavoces, Zabihulá Mujahid, las conclusiones del informe. En este sentido, ha acusado a Naciones Unidas de centrarse en cuestiones negativas «en lugar de entender las realidades de Afganistán», según Tolo News.

Mujahid ha asegurado que la amnistía general se aplica por completo en Afganistán, pese a las constataciones de los expertos internacionales a lo largo de estos últimos dos años.