Un tribunal brasileño condenó este jueves a Uber a pagar 1,000 millones de reales (unos 200 millones de dólares al cambio de hoy) por «daños morales colectivos» a los conductores de la aplicación, que anunció que recurrirá la decisión.
La sentencia del Tribunal Regional del Trabajo de São Paulo tiene alcance nacional y establece que el 90 % del valor de la multa se destine a un fondo para el desempleo y el 10 % restante a asociaciones de conductores de aplicaciones digitales de movilidad.
Además, el juez obliga a la empresa a reconocer el «vínculo de empleo» con sus conductores y a registrarlos ante las autoridades laborales, so pena de sanciones de 10,000 reales diarios por trabajador no inscrito.
La decisión llega en respuesta a una demanda presentada en 2021 por el Ministerio Público del Trabajo, quien consideró durante sus investigaciones que Uber tenía el «control» sobre «la forma cómo las actividades de los profesionales deben ser ejercidas», explicó la propia fiscalía en un comunicado.
En la sentencia, el juez da la razón al Ministerio Público, al considerar que ese control sobre los conductores era «mucho mayor» al que se conocía hasta ahora, con «recompensas y pérdidas por asistencias o ausencias, estar conectado para el viaje o no», se lee en la decisión.
«La acción requirió un análisis jurídico denso y, sin sombra de dudas, el mayor cruce de datos de la historia del Ministerio Público del Trabajo y de la Justicia del Trabajo», valoró uno de los responsables de la investigación de la fiscalía, Renan Kalil.
Uber anunció en un comunicado que apelará la sentencia y que no adoptará ninguna de las medidas decididas por el juez hasta agotar todos los recursos legales posibles.
Según la plataforma, la decisión del tribunal representa un «entendimiento aislado y contrario a la jurisprudencia» y provoca «inseguridad jurídica».
Uber tiene a un millón de conductores en Brasil que dan servicio a más de 30 millones de usuarios en unos 500 municipios, según datos de la plataforma para el primer trimestre de 2022.