El embajador dominicano ante la ONU, José Blanco Conde destacó ante el Consejo de Seguridad que aún queda la implementación de la resolución 2699, que autoriza a los Estados Miembros su participación a que formen y desplieguen una misión multinacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad.
La ONU dio luz verde a una intervención armada en Haití, para que un millar de policías de Kenia, como parte de una fuerza multinacional, restauren la paz en el vecino país, víctima de bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han instaurado un régimen de terror y violencia.
Además, el embajador destacó la disposición de Kenia de liderar el apoyo internacional, aunque un tribunal keniano decidió suspender temporalmente el plan del gobierno de enviar agentes de policía a Haití, también reconoció a los demás países que han ofrecido su apoyo concreto con ese esfuerzo multinacional.
En ese orden, destacó que el país valora la resolución 2700 de este Consejo de Seguridad, aprobada el pasado 19 de octubre, mediante la cual se extiende el régimen de sanciones que incluye embargo de armas, prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia que afecta a la población de Haití.
Blanco puntualizó que la puesta en práctica de ambas resoluciones, mediante el compromiso sostenido de la comunidad internacional, contribuirán a restaurar la estabilidad económica y social, para poner fin a la situación de pesadilla en que vive Haití y que tanto consterna a todos sus vecinos, así como de crear las condiciones necesarias para que los haitianos puedan elegir, libre y democráticamente a sus autoridades y encaminarse por senderos de prosperidad y paz duradera.
Solicitud de la Resolución 2699
La resolución 2699 aprobada por el Consejo de Seguridad el 2 de octubre, solicita en el párrafo 7 a los Estados Miembros que participen en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití que incluyan conocimientos especializados sobre operaciones contra las bandas, actividades policiales de proximidad, protección de los niños y las mujeres, y prevención y respuesta frente a la violencia sexual y de género centradas en las víctimas, y que emprendan las acciones necesarias para asegurar una conducta y una disciplina adecuadas y prevenir la explotación y los abusos sexuales.