La comunicadora Nuria Piera dijo este viernes, que “no entiende que alguien se ponga a disposición de la justicia como dijo la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y luego no declare, acogiéndose a su derecho constitucional, de no hacerlo”.
Durante su comparecencia ante las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), donde Taveras fue citada para ser cuestionada con respecto al elevado monto de sus bienes declarados, la funcionaria decidió no declarar y guardar silencio.
“La ministra Kimberly fue citada para declarar sobre el origen de los bienes que ella declaró. Vino acompañada de sus abogados, pero se acogió a su derecho constitucional de no declarar y no explicar sobre los bienes que ella declaró”, informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Comunicó que el Ministerio Público realizará las diligencias necesarias y citará a la funcionaria las veces que sea necesario.
La ministra, que lleva en el cargo desde agosto, no hizo declaraciones al abandonar la Fiscalía, pero uno de sus abogados aseguró que compareció “de manera grata ante las autoridades correspondientes, cumpliendo con el requerimiento procesal” que investiga el origen de su patrimonio y la relación de sus empresas con el Estado.
El representante legal de Taveras afirmó que no existe ninguna “falsedad de información ni de ningún tipo de violación penal que pueda involucrar a la ministra”.
Licencia para ser investigada
Kimberly Taveras solicitó el lunes una licencia del cargo, sin percibir salario, para facilitar la investigación y con el objetivo declarado de “defender su honor” en calidad de ciudadana, decisión anunciada horas después de que la Pepca informara sobre la apertura de la investigación.
Previamente, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado de la ministra y, del mismo modo, abrió una investigación.
Al asumir la posición, la titular de la cartera de Juventud dijo poseer un patrimonio de 74 millones de pesos (1,27 millones de dólares) en la declaración jurada que presentó ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana.
La DGCP confirmó que Taveras figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora, además de poseedora del 75 % de sus acciones.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales. (DL)