La Justicia Peruana revisará el pedido de la Fiscalía de imponer prisión preventiva a Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asilada en México e investigada por presuntamente integrar una organización corrupta en el Gobierno peruano, después de haber rechazado esta petición en junio.
El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, admitió este jueves a trámite la apelación de la Fiscalía contra la resolución que declaró infundada la variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva contra Paredes.
También analizará la prisión preventiva a los hermanos de la ex primera dama, David y Walter, investigados por el delito de lavado de activos.
El juez dispuso que el expediente sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, detalló el Poder Judicial en la red social X (antes Twitter).
En junio, el mismo juez declaró «infundada» la solicitud tras considerar que no existen «nuevos elementos de convicción» para variar la situación de Paredes y sus hermanos.
En ese momento, la Fiscalía aseguró que el asilo que ha recibido Paredes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también podía afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno puedan solicitar una medida similar.
Al respecto, el juez recordó que la Constitución peruana reconoce el derecho al asilo y que Perú y México han suscrito convenios en ese sentido.
«Siendo el asilo político un derecho reconocido por la Constitución consideramos que no puede servir como un complemento para señalar o afirmar que existe el peligrosismo procesal», dijo.
Paredes, quien se encuentra con comparecencia restringida por el delito de lavado de activos, puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión y la Fiscalía le atribuye ser «coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo» que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo buscó llegar a la Embajada de México con su esposa y sus hijos, pero fue detenido en el camino, aunque sus familiares sí lograron ingresar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.