Familiares de las 39 víctimas mortales de la explosión ocurrida en San Cristóbal en agosto pasado, aprovecharon los actos por el Día de la Constitución que se realizan en esa provincia para demandar del presidente de la República un informe creíble sobre las causas del suceso.

Con pancartas que en su mayoría muestran los rostros de algunos de los fallecidos, los manifestantes insisten en que el informe previo del suceso que hizo el ayuntamiento no tiene credibilidad y que aún esperan por los resultados de una comisión de la verdad que se creó para profundizar las investigaciones.

«No creemos en el informe del sindico, porque el  informe de los bomberos no es creíble, sobre todo, porque el jefe superior de los bomberos es el sindico y estas personas no se ven por ningún lado en el expediente. En ese sentido, entendemos que ese expediente está hecho en el aire, hecho a propósito para que las personas se duerman y que el hecho pierda vigencia «, exclamó Manuel Antonio Nina (Pachulí), uno de los que protestaba.

La familia procesada en la justicia por el caso

Por la tragedia que consternó a todo el país se detuvo a Maribel Sandoval, Mercedes Altagracia Vidal y a Edward Armando Vidal Garrido, propietarios de la razón social Vidal Plast SRL, y quienes fueron liberado pero con diferentes medidas de coercion.

A padre, madre e hija se le imputa de homicidio involuntario por violación a la ley de Salud y Medioambiental por manejo inadecuado de la empresa de los productos químicos que produjeron la explosión.

La excarcelación de la familia fue dispuesta por la jueza Miolany Herasme Morillo, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal, quien ordenó el pago de una multa de 300 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y el uso de un grillete electrónico para Edward Vidal. En tanto que, para la esposa e hija de Vidal, le dictó medidas coercitivas de garantía económica de 1 millón de pesos a través de una empresa aseguradora y presentación periódica.