Hombres armados mataron a unas 70 personas —en su mayoría niños y ancianos— en una aldea del norte de Burkina Faso este mes, un caso que continúa bajo investigación, informaron las autoridades el lunes.
El fiscal Simon B. Gnanou dijo que el ataque ocurrió en el poblado de Zaongo, ubicado a unos 60 kilómetros (37 millas) de la ciudad de Boulsa.
“En esta etapa de nuestros hallazgos y los testimonios recolectados, los perpetradores de estas atrocidades siguen siendo desconocidos por el momento”, declaró Gnanou en un comunicado de prensa.
La nación de África occidental ha luchado durante años contra una insurgencia yihadí vinculada a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico. Miles de personas han sido asesinadas, y más de 2 millones se han visto obligadas a desplazarse dentro del país.
El domingo, la Unión Europea señaló que la masacre dejó casi 100 muertos. Los investigadores están reuniéndose con los familiares de las víctimas, y se tiene previsto que posteriormente efectúen ajustes a la cifra provisional de 70 personas, dijo Gnanou.
A las autoridades policiales les tomó varios días alertar a las demás personas sobre el ataque, y otros cuatro días para que un equipo de investigadores pudiera llegar al lugar, en el cual encontraron decenas de casas incendiadas. En un momento dado también fue necesario repeler un ataque contra la caravana de investigadores, añadió el funcionario.
“En estas dolorosas circunstancias, mi fiscalía ofrece sus más sentidas condolencias a las familias en luto y les desea a los heridos una pronta recuperación”, indicó Gnanou.
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La violencia yihadí en Burkina Faso ha derivado en dos golpes de Estado, el más reciente en septiembre de 2022, cuando ascendió al poder la junta militar actual. Esta, encabezada por el capitán Ibrahim Traore, ha sido acusada por grupos defensores de los derechos humanos de cometer abusos contra la población civil y restringir las libertades civiles, amparándose en el argumento de que resguarda la seguridad en el país.
Este mes, la junta promulgó una ley de emergencia en contra de aquellos que son considerados disidentes a fin de expandir las medidas represivas, según un informe de Human Rights Watch. La junta notificó a por lo menos una docena de periodistas, activistas de la sociedad civil y miembros de la oposición que serían reclutados para participar en operaciones gubernamentales de seguridad en distintos puntos del país, señaló el organismo activista en su informe.