Más de 8,600 personas han sido detenidas en Ecuador en los 41 días del «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró a comienzos de enero contra el crimen organizado, a cuyas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, pasó a considerar como grupos terroristas.
El número de detenidos alcanzó los 8,694 en el último balance diario publicado este domingo por el Gobierno de Ecuador, de los que 241 fueron capturados acusados de «terrorismo«, mientras el mismo reporte señala que se han decomisado más de 54 toneladas de drogas.
Hasta ahora las fuerzas de seguridad han ejecutado 107,081 operaciones conjuntas (más de 2,600 cada día), 155 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas.
Además, se han incautado 2,587 armas de fuego, 12,437 explosivos, 176,603 balas, 1,273 cargadores de balas y 3,731 armas blancas.
Durante el estado de excepción las fuerzas del orden han abatido a 8 personas a las que han identificado como terroristas; han fallecido dos miembros de la Policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses.
Los agentes también han decomisado a la delincuencia 979 vehículos, 993 motocicletas y 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible para transportar droga; además de 212,785.14 dólares.
En la estadística se mantiene la cifra de 34 reos recapturados, de los casi 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos de año, ocurrieron varios motines de reclusos con 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados.
Tras declarar el «conflicto armado interno», el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó «como organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes».
Al señalar a esos grupos como beligerantes, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
La espiral de violencia en Ecuador se desató en medio de la aplicación del Plan Fénix del Gobierno contra el crimen.
En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Sin embargo, la violencia carcelaria saltó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023.