“Adilka Féliz murió por mala práctica legislativa”, sostuvo la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, indicando que la muerte de la joven economista que trabajaba como asistente legislativa del senador Yván Lorenzo, fue consecuencia de la irresponsabilidad de los legisladores, que durante más de 20 años mantienen penalizado el aborto.

Féliz Paulino, de 33 años de edad, murió la noche del miércoles tras haber sufrido un infarto durante un parto prematuro.

Ante el hecho, esta asociación reiteró el llamado a las autoridades para la aprobación de las tres causales, las cuales consisten en permitir el aborto en tres situaciones extremas, que es cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo no dará vida (es inviable) y cuando es resultado de incesto o violación.

Asimismo, recalcaron que actualmente el Código Penal impone penas de hasta 20 años para el personal médico que interrumpa un embarazo, incluso en estas tres circunstancias.

“Todas las muertes maternas son dolorosas, pero las que se hubieran podido evitar con la interrupción oportuna del embarazo son particularmente desgarradoras, como acabamos de ver en el caso de Adilka Féliz”, sostuvo.

Indicó que quien equipara el valor de la vida de una mujer al de un embrión no está dando testimonio de su devoción por la vida intrauterina, sino de su poco aprecio por la vida de la mujer, dado que «desde cualquier enfoque ético razonable es evidente que ambas vidas no tienen el mismo valor”.

“Los legisladores y líderes religiosos que insisten en que la vida de la mujer y del embrión valen lo mismo y que la interrupción del embarazo solo es permisible cuando los médicos han tomado todas las medidas y agotado todos los recursos posibles para preservar ambas vidas, que miren bien las consecuencias de sus actos”, advirtió.

Añadió: “Eso fue exactamente lo que hicieron los médicos de Adilka, que no era una mujer pobre y sin nombre que llegó demasiado tarde al hospital, sino una profesional con acceso a las mejores atenciones médicas disponibles en el país”.

La Coalición criticó que los legisladores se escuden en el “Estado de necesidad” para rechazar las causales, cuando hay demasiados casos que ponen en evidencia los riesgos mortales para las mujeres y la situación insostenible en la que pone a los médicos, a elegir entre salvar una vida o la amenaza de ir a la cárcel.

Explicó que el “Estado de necesidad” pone al médico en el grave dilema de elegir si procede con el aborto para proteger la salud y vida de la mujer según lo establecido por las normas internacionales, o si por el contrario evade o dilata el aborto para protegerse a sí mismo de posible persecución judicial.

Asimismo, dijo que el rechazo a las causales sólo evidencia la “miseria moral” de la clase política, pues se trata de un atentado contra la dignidad, la salud y hasta la vida de las mujeres.

“Los políticos -y hasta los presidentes- que piensan que obligando a una niña violada o a una mujer enferma a parir demuestran su “defensa de la vida” solo evidencian su hipocresía electorera y su falta de compromiso real con las mujeres”, indicó.