La organización Monitoreo Azul y Blanco señaló este miércoles al Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua de utilizar la «represión migratoria» contra sus opositores y críticos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive ese país desde abril de 2018.
Esa organización, que se define como independiente, registra un total de 521 víctimas de la represión migratoria entre abril de 2018 y febrero de 2024: 357 hombres, 152 mujeres y 12 menores de edad.
De esas 521 víctimas, un total de 376 personas fueron desterradas, incluyendo 260 personas presas políticas que fueron expulsadas de Nicaragua luego de estar detenidas arbitrariamente, según el informe.
El Monitoreo Azul y Blanco indicó que los primeros incidentes de este tipo se registraron durante 2018 en contra de activistas feministas y defensores de derechos humanos.
Durante 2019 y 2020 estas prácticas represivas se extendieron a miembros de la Iglesia católica, a líderes estudiantiles, líderes territoriales y personas excarceladas políticas, agregó.
«A partir de 2021 se instaura la represión migratoria como uno de los patrones represivos más frecuentes, en especial con la negación de salida del país a líderes políticos y sociales, así como familiares de personas presas políticas«, denunció esa organización.
En 2021 también se registran los primeros incidentes de destierro al negarle el ingreso a Nicaragua a nacionales, de acuerdo con el informe.
Ese organismo observó que durante 2022 se registraron los primeros destierros forzados de personas presas políticas que fueron expulsadas ilegalmente de su país.
A partir de este momento la arbitraria negación de entrada al país incluye a periodistas, abogados de derechos humanos, activistas territoriales e indígenas, autoridades académicas, familiares de opositores en el exilio, entre otros, puntualizó.
En 2023 mostró un pico en la cifra de víctimas, incluyendo 260 personas presas políticas que en distintos momentos del año fueron trasladadas de la cárcel a un avión para ser desterradas de su país, señala el informe.
«Esta práctica de represión migratoria se mantiene durante los primeros meses de 2024 y cabe señalar que estas cifras presentan un subregistro dado que el clima de represión obstaculiza la denuncia de las víctimas respecto a estas prácticas», anotó el Monitoreo Azul y Blanco, integrado por activistas y opositores.
Según el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, este tipo de prácticas «no sólo vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, sino que deja a las víctimas en condiciones de gran vulnerabilidad, separadas de sus familias, sin acceso a redes de apoyo y recursos económicos, y sin ningún tipo de protección o apoyo por parte del país de su nacionalidad”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.