El Congreso de Perú aprobó este miércoles una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el próximo 25 de marzo por un presunto conflicto de intereses al ser accionista de una empresa que brinda servicios a la compañía cuprífera Southern Perú, del Grupo México.
Durante la sesión plenaria, los legisladores aprobaron la moción presentada por el congresista Jaime Quito, a solicitud de la bancada de No Agrupados, y que llevó la firma de los partidos Acción Popular, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Perú Bicentenario y Podemos Perú.
Con esta interpelación será un total de cuatro ministros los que acudirán al Parlamento este mes para responder a un pliego de preguntas de los legisladores.
Este jueves serán interpelados los ministros del Interior y de Cultura, Víctor Torres y Leslie Urteaga, respectivamente, mientras que el 25 lo serán el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, y de Energía y Minas.
La interpelación a Mucho responde a una denuncia periodística sobre la participación del ministro como accionista en la empresa Pevoex Contratistas, que brinda servicios a Southern Perú, una compañía de capital mexicano que busca la autorización para el desarrollo de su proyecto Tía María, suspendido hace varios años por la oposición de la población vecina al yacimiento.
El ministro del Interior deberá informar este jueves sobre las acciones que ha ordenado para luchar contra la inseguridad ciudadana y los resultados de los estados de emergencia que se han dictado en diferentes localidades del país para enfrentar esta situación.
El pleno también aprobó interpelar este mismo jueves a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para que explique la decisión de entregar a una empresa privada la venta virtual de entradas al sitio arqueológico de Machu Picchu, que en enero pasado generó las protestas de pobladores y operadores turísticos de la región sureña del Cuzco.
El Congreso aprobó, finalmente, una petición para interpelar el próximo 25 de marzo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, «respecto a los cuestionamientos sobre su ineficiencia, así como su capacidad para dirigir tan importante cartera ministerial».
Durante sus presentaciones, los ministros deberán responder a un pliego de preguntas ya establecido, tras lo cual se realizará un debate en el que los legisladores determinarán si se dan por satisfechos o plantean una eventual censura en el cargo que, de aprobarse en una siguiente sesión, obligará a dimitir al señalado con esta medida.