El Gobierno de Javier Milei ha sido objeto de crecientes críticas por su inacción frente a la epidemia de dengue, la peor registrada en el país. Más de 230,000 personas se han infectado y 161 han muerto a causa de la enfermedad transmitida por mosquitos desde principios de año. En este contexto, la escasez de repelente de mosquitos revela las fallas de una política de salud dejada a la mano invisible del mercado.
En la puerta de vidrio de esta farmacia en el centro de Buenos Aires, un letrero anuncia en mayúsculas: «no hay repelente de mosquitos«. «No tenemos ninguno, no hay forma de conseguirlo. Trabajamos con tres proveedores, y ninguno de los tres ha tenido uno durante más de un mes», cuenta Eloy Garnica, el gerente.
Garnica está indignado por la pasividad del Gobierno ante la actual epidemia de dengue y la falta de campaña de prevención. «No tenemos ninguna información. El otro día escuché al ministro de Salud y me avergoncé de lo que escuché», comenta.
Las provincias están tomando medidas.
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La semana pasada, el Ministerio de Salud se limitó a sugerir a los argentinos que eviten los pantalones cortos y las mangas cortas para protegerse de los mosquitos. El Gobierno también ha levantado los impuestos a la importación de repelente para hacer frente a la escasez, pero para Sara, que está recorriendo las tiendas en busca de repelente, no es suficiente.
«Para mí, el Estado debería estar más presente. Los hospitales están saturados, vas a urgencias, te hacen esperar cinco horas y te mandan a casa. El Gobierno no hace nada, parece que no les importa», lamenta.
El Gobierno también se niega a incluir en la estrategia nacional de vacunación el suero del laboratorio Takeda, que ha sido aprobado por la autoridad sanitaria y utilizado por el vecino Brasil. Ante el vacío dejado por el Estado, algunas provincias argentinas han adquirido dosis y han comenzado a distribuirlas de forma gratuita.