Se estima que cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos en Bolivia, una situación que pone en riesgo la vida de niñas y mujeres que acuden a procesos poco seguros para interrumpir su embarazo, una situación que pone en la mesa de debate la legalización de esta práctica en el país.
Bolivia cuenta desde 2014 con una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las víctimas de violación sexual o en casos en los que la vida de la madre corra peligro se puede proceder a un aborto, y a pesar de que esta determinación ya tiene una década de vigencia, aún hay trabas para su ejecución.
«La sentencia si bien ha sido un logro para el movimiento de mujeres (…) todavía es muy difícil que se aplique por parte de funcionarios que la desconocen y somos una sociedad definitivamente patriarcal», manifestó a EFE la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
En tanto, la directora de Ipas Bolivia, Malena Morales, comentó a EFE que precisamente los «abortos inseguros» son la tercera causa de mortalidad materna en el país, lo cual vuelve esta situación «un riesgo para la salud de las mujeres» y un «problema de salud pública y de justicia social» porque son las de menos recursos las más afectadas.
De acuerdo a datos de Ipas, cada año se realizan entre 40,000 y 60,000 abortos en el país, pero esta cifra no demuestra la realidad exacta de esta situación que se practica en lugares clandestinos o poco seguros.
Morales indicó que de acuerdo a reportes de hospitales desde 2014, cuando la sentencia ya estaba vigente, hasta 2023 hubo 97,704 abortos, de los cuales alrededor de 753 son «abortos inducidos» en los que se practicó la interrupción legal del embarazo, mientras los otros casos son «abortos incompletos que han llegado a los servicios de salud».
Agregó que los abortos en condiciones seguras, con personal técnico, con la tecnología adecuada y con los medios de higiene tienen una probabilidad muy baja de tener una complicación y que lo que pone en riesgo a las mujeres son los procesos poco seguros y clandestinos, las perforaciones uterinas y los grados de infección que pueden causar la muerte.
«El acceso de las mujeres al sistema de salud y amparadas bajo una ley evitaría que las mujeres mueran por abortos inseguros», sostuvo.
Propuesta de ley
La senadora oficialista Virginia Velasco informó a los medios sobre una propuesta de ley integral que aborda los derechos sexuales y reproductivos, en la que se propone la legalización del aborto.
Velasco ponderó que es importante que se debata esta situación y que hay que «sacarse el tabú de la mente», por lo que esa propuesta también corresponde a recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
Se espera que la iniciativa se presente en los próximos meses a la Asamblea Legislativa para su análisis y, por ahora, se conoce que propone un «único requisito» para la interrupción del embarazo que es la firma del «consentimiento informado» de la gestante.
Para Sánchez y Morales, esta propuesta es importante porque es integral ya que aborda temas como el acceso a los anticonceptivos, la atención basada en la interculturalidad, la violencia obstétrica y que el aborto forma parte de esta ley que es muy esperada por los colectivos de mujeres.
Ambas también coinciden en que Bolivia es aún una sociedad «conservadora» y que le «teme» abordar estos temas, pero que la realidad empuja a que se debata estas situaciones para no solo ignorarlas.
«La realidad nos está exigiendo hablar sobre el tema, cuando vemos, por ejemplo, que cada día se denuncian alrededor de 30 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, no podemos hacernos de la vista gorda», sostuvo Sánchez.
Agregó que Bolivia es el segundo país de Latinoamérica con mayores índices de violencia sexual y embarazos adolescentes y que solo en 2023 se han practicado 1,376 interrupciones legales de embarazo, de los cuales 294 corresponden a violencia sexual y el 59 % de violaciones fueron a menores de 15 años, una situación que consideró «alarmante».