La Fiscalía de Perú archivó la investigación que seguía contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta adquisición irregular de 1.4 millones de pruebas rápidas durante la pandemia de la covid-19, informó este lunes el fiscal general, Juan Carlos Villena.
El fiscal declaró en la emisora RPP que dispuso no formular denuncia constitucional y archivar la denuncia contra Vizcarra por no tener «indicios de que haya habido una colusión«.
Villena sostuvo que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) el que recomendó la compra de las pruebas rápidas y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito que se atribuía al exmandatario.
«Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que hubo justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes», explicó.
Vizcarra fue inhabilitado en abril de 2021 por el Congreso peruano para el ejercicio de toda función pública por 10 años por haberse aplicado la vacuna contra la covid-19 «de manera secreta e irregular».
Esa decisión impidió que el político asuma el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el exmandatario presentó, aún sin éxito, diversos recurso ante el poder judicial para buscar revertir la sanción.
En mayo de 2022, el pleno del Congreso le volvió a imponer otra sanción para ejercer cualquier función pública durante 5 años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Además, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
La decisión dejó lista la formación de una causa penal por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la Justicia.