El futuro de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014, se decidirá este mes, en un momento especialmente delicado, en el que, según explicó a EFE el activista Alí Daniels, la «represión» se ha incrementado.
La Misión, establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó varios informes, entre ellos el de 2021, donde documentó -según Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia- cómo «el sistema de justicia venezolano» se encarga de «colaborar con la represión«.
El activista afirmó que «si ya la Misión estaba justificada antes, ahora lo está más», al tiempo que recordó que el Gobierno expulsó en febrero a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por lo que el grupo es el «único» de dimensión internacional con un «mandato claro» para monitorear la situación.
Tras las elecciones, se desataron protestas contra el resultado oficial que otorgó la reelección al mandatario Nicolás Maduro, luego de que el antichavismo denunciara «fraude», pues asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador, según el 83,5 % de las actas que dice haber recabado a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera «falsos».
Daniels advirtió que Venezuela se encuentra en «otro pico» de «represión«, pues recordó que la ONG Provea documentó, entre el 29 de julio y el 13 de agosto un número de «detenciones arbitrarias» -que cifra en unas 2,400- equivalente al 94 % de las registradas entre abril y agosto de 2017, durante las protestas antigubernamentales.
Las críticas del Gobierno a la Misión
A pesar de no estar en Venezuela, la Misión ha entrevistado a víctimas a través de medios telemáticos, afirmó Daniels, quien explicó que el grupo recopila «testimonios directos», y no a través de ONG, sobre «violaciones» de derechos humanos.
El Gobierno -que ha calificado a la Misión de «falsa y vergonzosa» al sostener que «emite juicios parcializados»- criticó que el grupo emita informes sin estar presente en el país.
Sin embargo, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, aseguró que no han ido a Venezuela porque el Gobierno «no lo quiso» y «no permitió hacerlo».
Pese a todo, la Misión ha investigado «detenciones arbitrarias», «desapariciones forzadas», «tortura», entre otros, y sus informes -afirma Daniels- han sido citados por la Corte Penal Internacional (CPI), que escruta presuntos «crímenes de lesa humanidad» en el país caribeño.
La Misión ante la crisis poselectoral
El grupo, que afirmó en su informe de 2022 que «Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia», exigió recientemente que cese la «represión» y la investigación de las «muertes» -cifradas en 25 por el Ejecutivo- durante las manifestaciones postelectorales.
Por su parte, la Fiscalía venezolana aseguró que ninguna de las muertes es atribuible a cuerpos de seguridad del Estado y ha señalado a la oposición de generar «violencia» durante las protestas, mientras que Maduro responsabiliza a González Urrutia por los decesos en este contexto.
El antichavismo, sin embargo, señala como responsables a efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, que -asegura- actuaron por órdenes superiores.
Ante esta situación, Daniels afirma que no renovar el mandato de la Misión «sería un signo de que Naciones Unidas no estaría valorando, en su enorme dimensión, lo que está pasando en el país», pues afirma que hay una «continuación de patrones» que ha documentado el grupo, como «desapariciones forzadas».
Una veintena de ONG venezolanas expresaron que la Misión «puede jugar un rol clave» ante la «represión generalizada» tras las elecciones.
El próximo 19 de septiembre, la Misión presentará su quinto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que decidirá, mediante una resolución, si extender el mandato de esta fuerza de observación.