La supuesta estructura de narcotráfico internacional desmantelada mediante la Operación Búfalo NK dirigía sus operaciones desde Santo Domingo, Distrito Nacional, en la República Dominicana, detalla el expediente de solicitud de medida de coerción depositado ayer jueves por el Ministerio Público.
Estas operaciones realizadas alegadamente desde hace aproximadamente cinco años, movían sustancias prohibidas por el mar Caribe y el Océano Atlántico desde y hacia Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, España y Europa, entre otros puntos del mundo.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, esta presunta organización criminal se dedicaba a comercializar sustancias controladas, al tráfico de armas y al lavado de activos y estaba integrada por nacionales colombianos, dominicanos y venezolanos.
El Ministerio Público dice que la referida estructura criminal movilizaba grandes cargamentos de drogas en lanchas rápidas y barcos pesqueros y hasta en vuelos comerciales.
Para su captura de parte de sus miembros intervinieron la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con la colaboración internacional de la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) y el Comando Sur estadounidense.
La red, además de operar desde el Distrito Nacional poseía brazos y localidades operativas en las provincias de Puerto Plata, La Vega, Santo Domingo Este, La Romana y la Altagracia, indica el Ministerio Público.
Solicitud de medidas coerción y nombres de los diez
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los imputados Rafael Ynoa Santana, alias “Felo, el Cojo, Pocho, el Hombre, el Don, El viejo, Tutu, Popollo, Popeye”, Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natali Román, Maritza Flete Santana (a) Karilis, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
El Ministerio Público alega que, en el caso específico de esta investigación, la parte agraviada es el Estado dominicano, debidamente representado por ese órgano acusador, ya que, según explican, el narcotráfico internacional y el lavado de activos constituyen hechos punibles de acción pública, por lesionar el orden público, el orden socioeconómico y la paz social.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra acusados en el proceso, se conocerá este sábado 21 de septiembre a las 9 de la mañana.