El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció este sábado ante la Asamblea General de la ONU que el embargo estadounidense contra su país (bloqueo) “ha sido concebido como una de sus armas principales de agresión para destruir la economía cubana”.
“Busca impedir los ingresos financieros (de Cuba) para provocar el colapso de la economía y generar una situación de inestabilidad política y social”, afirmó Rodríguez, quien agregó que “el daño (del embargo) es visible y repercute en la vida de todos los cubanos”.
El canciller cubano denunció ante la ONU que las sanciones económicas estadounidenses vienen de conjunto con “la más feroz campaña de desinformación y calumnias y del perenne intento de injerencia (por parte de Estados Unidos) en nuestros asuntos internos”.
El jefe de la diplomacia cubana criticó que el embargo, vigente desde 1961, “se ha reforzado con la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”. Dicha lista es elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Gobierno insular argumenta que, sin sanciones estadounidenses, la isla hubiese logrado un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) “a precios corrientes” del 8 % en 2023, en contraste con la caída del 1.9 % con la que cerró el año pasado, según cifras oficiales.
Cuba se encuentra sumida desde hace más de cuatro años en una grave crisis económica y su Gobierno acusa principalmente a las sanciones estadounidenses de esta situación.
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En el agravamiento de los desequilibrios estructurales de la economía cubana influyen asimismo de forma notable las consecuencias de la pandemia y ciertas decisiones de política económica y monetaria del Gobierno cubano, han reconocido.
El informe anual sobre el embargo (bloqueo) es la base documental de la resolución que La Habana presenta cada año desde hace más de tres décadas en contra de estas sanciones ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y que tiene un respaldo mayoritario de sus miembros.
Según la estimación oficial, el impacto entre marzo de 2023 y febrero de este año fue superior en 189.8 millones de dólares al que supuso en los doce meses previos.
El total tras más de 60 años de sanciones asciende a más de 164,141 millones de dólares a precios corrientes, asevera La Habana.