Las víctimas de la estafa inmobiliaria desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Nido se apostaron la mañana de este martes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que se haga justicia por el citado expediente.
Asimismo, piden a las autoridades judiciales que sea apresada Escarlet Cruz, esposa del principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma.
«Esa señora fue beneficiada con una medida de coerción desde su casa, pero era porque ella estaba lactando. Entendemos que ya esa niña come plátanos porque tenemos un año ya en ese proceso», expresó Dayanara Borbón,
Entiende que con los tantos reenvíos para dar inicio a la etapa preliminar del caso, la justicia está jugando a que las víctimas se cansen y desistan, pero advirtió que están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
Asimismo dijo que no se trata de una simple estafa, sino de toda una organización.
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Ayer lunes, los imputados se presentaron ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde fueron notificados sobre la próxima audiencia pautada en el proceso que los vincula a una estafa millonaria.
Igualmente pidieron medidas contra el director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Erick Dorrejo Medina, contra quien el Ministerio Público depositó acusación formal por el caso.
«Dentro de su gabinete hay un funcionario que usted lo tiene cobrando 200 mil pesos llamado Erick Dorrejo Medina que tiene 35 millones de nosotros, de estas víctima que están aquí», dijo Dayanara Borbón, una de las afectadas que habló en representación de las más de 300 familias víctimas del entramado de estafa.
Sobre el caso
El primero de octubre de este año el Ministerio Público presentó formal acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una red desmantelada el 3 de enero mediante la Operación Nido.
De acuerdo con la investigación, el grupo estafó a más de 500 personas, con más de 700 millones de pesos, mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas.
El expediente, presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Asimismo, figuran los imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
La próxima audiencia está pautada para el 11 de noviembre en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.