El Gobierno dominicano reafirmó su rechazo a las acusaciones de las autoridades haitianas, que sostienen que las deportaciones de inmigrantes indocumentados tienen un «componente racista».

En una nota de diplomática, enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) al cuerpo diplomático acreditado en el país, aseguró que las deportaciones se realizan en apego al Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y la República de Haití que firmaron ambos países en 1999. En ese sentido, llamó a las delegaciones diplomáticas a verificar si el vecino país cumple con su parte del acuerdo, entre lo que destaca que debe dotar de documentación a sus nacionales.

Sostuvo que en el país «no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia, ni mucho menos maltratar a personas de ninguna nacionalidad».

Lamentó que el gobierno haitiano en vez de concentrarse en enfrentar la crisis que atraviesa ese país se haya dedicado a «acosar» a la República Dominicana en la comunidad internacional.

“Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano”, dice en el documento el Mirex. 

El Gobierno dominicano dijo que continúa comprometido con priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, «y por ello toma con gran seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas».

“El Gobierno haitiano y la comunidad internacional saben muy bien sobre el esfuerzo que hemos desplegado para que Haití recupere su normalidad. También saben cuál es el impacto que produce el crecimiento descontrolado de las migraciones sobre la economía y la estabilidad de un país. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna muestra de interés de esos dos sectores para respaldar a República Dominicana en sus esfuerzos para alcanzar una mejor gobernanza migratoria. No obstante, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para garantizar nuestra estabilidad”, resaltó en el documento.

Recordó en el documento que la inmigración irregular implica «una presión económica insostenible» en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente en República Dominicana como la salud y la educación.

El pasado 2 de octubre, el Gobierno dominicano anunció un plan de deportaciónes masivas de extranjeros indocumentados, con la meta de repatriar hasta 10,000 en una semana, a fin de reducir la inmigración irregular. 

La medida ha sido criticada por las autoridades haitianas y la queja ha sido llevada a diferentes foros internacionales. El pasado lunes, las autoridades haitianas condenaron las «las deportaciones masivas y discriminatorias de haitianos, e incluso de ciertos extranjeros por parte de la República Dominicana, sin respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana y esto en un contexto de creciente xenofobia». 

RD dice cumple protocolo de entendimiento para las repatriaciones

La nota diplomática enviada por la Cancillería dominicana recordó además que el flujo migratorio desde Haití hacia República Dominicana data desde la década de los 80’s y continuó incrementándose en los años siguientes, lo que llevó a que en 1999 ambos gobiernos suscribieran el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y la República de Haití.

Expuso que en este convenio el Gobierno haitiano reconoció que República Dominicana tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en el territorio dominicano y, en consecuencia, se comprometió a “establecer puestos de control migratorio a lo largo de la frontera domínico-haitiana, para evitar el flujo ilegal de sus ciudadanos hacia la República Dominicana”, y a “redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana, en el contexto del flujo migratorio potencial hacia la República Dominicana”.

“Desde la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, se decidió implementar una política de Buena Vecindad hacia Haití sustentada en tres ejes esenciales: el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad entre los dos Estados, y por ello una de las primeras medidas tomadas fue acercarse al Gobierno haitiano. Esto condujo a que el 10 de enero de 2021, el presidente se reuniera en la frontera con su homólogo, Jovenel Moïse y que juntos ofrecieran una declaración de nueve puntos que instituyó un verdadero programa de colaboración”, indica la nota diplomática remitida, agregando que la agenda acordada por ambos mandatarios se vio truncada con el asesinato de Moïse en julio de 2021, hecho que además marcó un deterioro de la seguridad e institucionalidad en ese país. 

El documento añade que la inmigración irregular implica para el Gobierno dominicano una presión económica insostenible en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente como la salud y la educación.

Apertura al diálogo

El Gobierno dominicano también reiteró su disposición de sostener un diálogo con las autoridades de Haití, país con el que comparte la isla La Hispaniola. 

En la nota diplomática compartida con la comunidad internacional, la Cancillería indicó que el Gobierno dominicano sigue abierto a un diálogo con Haití, «el cual ha tratado de sostener por años para beneficiar a ambas naciones».