La ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, calificó como un «hecho sin precedentes» en la historia de la Policía Nacional el desmantelamiento de una presunta red que se dedicaba a sustraer municiones de armas para comercializarlas de forma ilegal.
La funcionaria afirmó que “en los próximos días” se presentarán los detalles de la investigación que se encuentra en manos del Ministerio Público.
“Al tener los indicios de lugar, como manda el debido proceso, sometimos ante el Ministerio Público los mismos. El Ministerio Público está realizando la parte completiva que le corresponde y en los próximos días estarán viendo ustedes todos los detalles”, dijo la funcionaria al ser preguntada este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, que se realiza en la sede de la Policía Nacional.
Raful agregó: «Hablar de eso es afectar el proceso que está investigando el Ministerio Público, que necesita levantar todas las pruebas suficientes para someter a la justicia a los miembros que estuvieron aquí involucrado en ese tipo de delito».
La titular del MIP resaltó la labor del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y los demás organismos del Estado en la identificación de esta operación criminal.
Ante la insistencia de la prensa para que se ofreciera algún tipo de información del caso, Guzmán Peralta reiteró que el crimen se encuentra bajo investigación.
El caso
El Ministerio de Interior y Policía informó el pasado jueves 31 de octubre sobre el desmantelamiento de una red delictiva que operaba a lo interno de la Policía Nacional y que, según sus conclusiones, se dedicaba al robo de municiones de los depósitos internos con el fin de venderlas de manera particular.
La institución indicó en una nota de prensa que una investigación, liderada por los organismos de inteligencia del Estado y el respaldo del director de la Policía, reveló que los involucrados en estas actividades ilícitas incluyen tanto oficiales superiores de alto rango como subalternos.
«Esta acción es parte de un compromiso firme con la legalidad y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia en la República Dominicana, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos», dijo la entidad en el comunicado.