El crimen organizado es una de las mayores amenazas para el desarrollo humano y la democracia en América Latina y el Caribe, la región más violenta del mundo.
Asimismo, las políticas populistas y de mano dura que propician algunos gobiernos para combatirlo necesita un enfoque integral sobre seguridad ciudadana, aseveró la panameña Michelle Muschett, directora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La violencia y el aumento en crímenes asociados particularmente con el crimen organizado «está poniendo en riesgo décadas de progreso alcanzado en materia de desarrollo y progreso social, pero también de consolidación democrática en la región», dijo Muschett en una entrevista con EFE.
La panameña recordó que en décadas pasadas se asociaba el fenómeno casi exclusivamente a los países de Centroamérica, pero ahora los niveles de crimen organizado en esa zona «han disminuido, a pesar de continuar siendo un problema muy relevante, y se han ido desplazando» a países que se consideraban más seguros en la región, como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Chile.
Entre las razones de ese aumento figuran aspectos relacionados con el narcotráfico, la debilidad en las instituciones, la desconfianza en la propia democracia, además de la corrupción.
Para afrontar la situación -dijo- se debe propiciar un desarrollo inclusivo a nivel de territorios y el fortalecimiento de las instituciones, especialmente relacionadas con la justicia.
La región más violenta del mundo
Latinoamérica y el Caribe, «la región más violenta y más desigual del mundo», concentra el 28,9 % de los crímenes violentos aunque alberga el 8,3 % de la población mundial, detalló.
Basada en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que el 3,5 % del producto interior bruto (PIB) regional se está viendo afectado como consecuencia del crimen organizado.
Además, en los esfuerzos por mitigar y de tomar medidas en contra del avance del crimen organizado se está invirtiendo «por encima del 30 % de los presupuestos nacionales, en términos de defensa», dijo.
Según datos de un estudio sobre seguridad ciudadana que presentará el PNUD este jueves en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, seis de cada diez personas creen que podría ser víctima de un crimen violento.
Estrategias integrales
Para el PNUD, la Cumbre Iberoamericana que se inaugura este jueves, es un espacio idóneo para dialogar sobre estrategias integrales que refuercen la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, a la vez que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.
Ello porque se abre la posibilidad de movilizar mayor cooperación internacional, «pero también figuras como cooperación sur-sur y triangular para abordar esta problemática con una mirada regional», comentó.
Muschett enfatizó en la importancia de contar con información confiable y datos desagregados para que las políticas públicas que desarrollan los tomadores de decisiones se basen en la evidencia y no únicamente en la percepción de lo que está pasando.
Mano dura necesita enfoque integral
Por otra parte, comentó que, si bien las «medidas populares, efectistas e incluso de mano dura, en un momento dado, sí pueden tener un efecto inmediato en la reducción de la criminalidad, para que sean sostenibles en el tiempo, ese impacto tiene que venir acompañado de un enfoque integral de seguridad ciudadana que aborde las diferentes dimensiones simultáneamente».
Además del accionar de los gobiernos, muchos de los cuales tienen ahora una profunda estrechez fiscal y grandes niveles de deuda, para afrontar la violencia se requiere la participación de toda la sociedad, según subrayó Muschett al apuntar que la seguridad ciudadana en la región es un desafío en constante evolución.
Para el PNUD, «es el momento de redoblar esfuerzos y coordinar acciones para ir más allá de la reducción de los delitos a través de la expansión de políticas públicas que beneficien a todas las personas, fortaleciendo la cohesión social y respetando el estado de derecho, para asegurar la sostenibilidad».