El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra la supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la operación Pandora y que alegadamente sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la uniformada.
Además, pidió que el caso sea declarado complejo.
La comitiva del órgano acusador que depositó la solicitud de coerción, pasadas las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la encabezó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Camacho expresó que el expediente consta de 213 páginas y unos 135 medios de prueba.
La acusación pesa contra diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados.
«Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana», manifestó Camacho.
Agradeció al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración con la investigación.
Indicó que el proceso investigativo está en marcha y, por tanto, podría ampliarse el número de apresados.
Sobre las municiones
Aclaró que las municiones eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía y eran vendidas. El Ministerio Público continúa el rastreo de los lugares donde eran vendidas las municiones.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Los arrestados en operación Pandora
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.