El expediente depositado ante los tribunales por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Miguelina Bello Segura, quien se encuentra detenida por su presunta vinculación en la operación Pandora, de haber vendido «clandestinamente a nacionales haitianos» municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
La Pepca detalla que los nacionales haitianos a quienes se les vendían los pertrechos, los «utilizan comúnmente en actividades delictivas».
«De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público establecen que la imputada Miguelina Bello Segura, recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y los RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales», dice la Pepca en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Contra Bello Segura se solicita medida de coerción junto a los demás imputados por sustracción de pertrechos de la Policía Nacional dominicana, hurtos que se hacían de “manera masiva, organizada y sistemática”, según el órgano persecutor.
Detalla que el exesposo de Bello Segura era un «conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita que ella, en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación, ha continuado».
Intendente “llegó a recibir dinero” por cabo que vendía municiones a Haití
El Ministerio Público describe en la solicitud de medida de coerción que el coronel encargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, Narciso Antonio Feliz Romero, principal imputado en operación Pandora, “llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila” de un cabo de la institución que “vendía municiones” a Haití a través de un contacto en ese país.
El documento agrega que el cabo, mencionado en el expediente solo como Rosario, “además era visitante frecuente de la intendencia”.
El cabo Rosario no forma parte del grupo de 10 policías a los que se le solicita coerción en la operación Pandora.
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Otros imputados
Además del intendente de Armas, coronel Narciso Antonio Feliz Romero y la señora Miguelina Bello Segura, el Ministerio Público pide medida de coerción para el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. También para el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de alterar resultados de una auditoría para encubrir la sustracción de las municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fungía como armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Además, están bajo arresto el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez. En el expediente también aparece la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada al segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.