La Policía surcoreana registró este miércoles la Oficina Presidencial y sedes policiales como parte de una investigación sobre la imposición de la ley marcial la semana pasada por el presidente del país, Yoon Suk-yeol.
Durante la redada a la Oficina Presidencial, que también se realizó en la Policía Metropolitana de Seúl y en el cuartel policial del Parlamento, Yoon no se encontraba en su despacho, según los investigadores.
Por su parte, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) señaló hoy que pedirá la detención y arresto de Yoon si se cumplen las condiciones necesarias.
«Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva y revisaremos la cuestión del arresto», dijo el presidente de la CIO, Oh Dong-woon, durante una reunión del comité legislativo parlamentario, añadiendo que primero hay procedimientos a seguir.
Este lunes, dicha oficina ya prohibió a Yoon abandonar el país mientras se le investiga por traición y otros cargos.
La policía y Fiscalía surcoreanas investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida, decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción.
Tras la fracasada moción parlamentaria para destituir al jefe de Estado el pasado sábado, su formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), indicó que tiene intención de lograr que Yoon deje sus funciones como presidente «de forma temprana y ordenada», y que mientras «dejará de asumir sus funciones en asuntos estatales, incluyendo la diplomacia» en favor del primer ministro, Han Duck-soo.