El Pleno de la Suprema Corte de Justicia informó este miércoles que admitió el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por la provincia de La Vega, condenada a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. La audiencia para conocer este recurso fue fijada para el próximo 30 de enero de 2025.
«Declara admisible el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte López, contra la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592 dictada en fecha 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de tribunal de juicio en única instancia de la jurisdicción privilegiada», indica el documento de la SCJ.
El 28 de mayo de 2024, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia hallaron culpable a Pilarte López de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además de la pena de reclusión, los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto determinaron que Pilarte López era parte de una red criminal liderada por su pareja, Miguel Arturo López (conocido como Miky López), quien estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto.
La sentencia también incluyó el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y el decomiso de varios bienes inmuebles. Fue señalada como parte de un «amplio circuito de lavado de activos» destinado a ocultar recursos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
En el marco de las investigaciones, se reveló que la exlegisladora había declarado un patrimonio de 15,900,000 pesos, pero las autoridades identificaron un monto real de 4,418,399,312.92 pesos, supuestamente generados a través de actividades ilícitas.
En cuanto al decomiso de bienes, la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., representada por Manuel Antonio Inoa Valdez, presentó un recurso para intentar levantar las oposiciones sobre dichos inmuebles, pero este fue declarado inadmisible.
Prisión no se ejecuta
La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que envía a prisión por cinco años a Pilarte no se ejecuta porque el caso no ha adquirido «la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada», es decir todavía no es una una sentencia definitiva por el recurso de casación pendiente y, en última instancia, el Tribunal Constitucional.