El cargador USB-C es el único permitido a partir de este sábado en una amplia gama de aparatos electrónicos que se comercialicen en la Unión Europea (UE), al terminar el plazo de adaptación de dos años a la ley europea cuyo objetivo es reducir la basura electrónica y simplificar la vida de los consumidores.
Los Estados miembros tenían hasta este 28 de diciembre para aplicar la directiva europea que obliga a que todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, altavoces y sistemas de navegación incorporen un cargador único, de tipo USB-C. Los ordenadores portátiles tienen de plazo hasta el 28 de abril de 2026 para cumplir la normativa.
La directiva también armoniza los requisitos de carga rápida y ofrece a los consumidores la opción de no recibir un nuevo cargador con cada compra de dispositivo. Los fabricantes deberán actualizar sus embalajes para mostrar claramente la información sobre las características de carga y lo que se incluye con cada compra.
Esta normativa permite mitigar el llamado bloqueo tecnológico por el que un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos. El objetivo de esta ley es triple: garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado de los dispositivos de carga, según el texto de la directiva.
11.000 toneladas de residuos
El sistema que regía hasta ahora, en el que compartían espacio el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning (exclusivo de Apple) gracias a un acuerdo voluntario de 2009, contribuía aún a generar hasta 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos, según las estimaciones de la Comisión Europea. La normativa pretende atajar esta cifra permitiendo a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional, lo que ahorrará a los ciudadanos hasta 250 millones de euros anuales en cargadores innecesarios.
Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones más sostenibles, promoviendo así una economía circular. Además de reducir los residuos electrónicos generados por la venta de equipos radioeléctricos, la normativa pretende reducir la extracción de materias primas y las emisiones de CO2 generadas por la producción, el transporte y la eliminación de cargadores.
«Seguiremos de cerca cómo se adaptan los fabricantes a estos cambios y esperamos con interés los estudios de la Comisión Europea sobre la evolución de la carga inalámbrica y los futuros requisitos de desagregación», dijo ese viernes la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini. Para esta eurodiputada del grupo de los Verdes, «es vital garantizar que los consumidores tengan las herramientas para seguir tomando decisiones inteligentes y sostenibles a medida que evoluciona el mercado».
La directiva, cuya implementación es obligatoria a partir de mañana, entró en vigor el 27 de diciembre de 2022, y desde entonces los fabricantes han tenido dos años para implementarla.