La reforma constitucional que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arrogarse más competencias ha entrado en vigor este miércoles tras ser aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y pese a las críticas de Naciones Unidas, así como de organizaciones de Derechos Humanos.
La medida, que ha sido publicada este miércoles en el diario ‘La Gaceta’, declara al presidente Ortega como el «coordinador» último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer, Rosario Murillo, como «copresidenta».
Asimismo, permite ampliar un año más el mandato presidencial –de cinco a seis–, incluye la retirada de la nacionalidad a todas aquellas personas declaradas como «traidores a la patria» y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna.
El texto, que tiene un lenguaje «vago», también elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de «seguridad«, según denunciaron un grupo de expertos de Naciones Unidas en noviembre.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en noviembre que la reforma permite a Ortega incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. Por su parte, el Parlamento Europeo también condenó la medida en febrero a través de una resolución.
El Gobierno de Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, ha impulsado una violenta campaña de persecución de la oposición, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.