Lo que para muchos representaba el sueño de volver a su tierra con un techo propio, hoy se ha convertido en una pesadilla de la que difícilmente podrán despertar. Un cuadro depresivo es el común denominador entre las víctimas de la presunta red de estafa inmobiliaria desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Guepardo.
Grecia de la Cruz, una dominicana residente en Estados Unidos, invirtió 18 mil dólares en la promesa de un apartamento en el Residencial Bávaro Victoriana, cuya construcción resultó ser una farsa.
«Estoy pasando por una depresión, estoy muy afectada, porque, como el sueño de todo dominicano de volver a su país, invertí mis ahorros y ahora tengo que dejar de trabajar para venir para acá, porque mi sueño se vio destruido», expresó conmovida.
Pero más allá de lo económico, Grecia siente que lo más difícil de superar es el golpe emocional.
«Más que una estafa, es un daño con el que tendré que aprender a vivir. Ninguna sentencia nos devolverá la confianza en el país ni los sueños rotos», lamentó.
Otra víctima, una señora que prefirió mantenerse en el anonimato, entregó 21 mil dólares a la constructora a cambio de un supuesto descuento en la compra de su vivienda en el Residencial Romana Victoriana.
Su lucha ahora no solo es legal, sino también personal: “Desde que fui estafada, tengo que tomar medicamentos para controlar mi estado depresivo. Fue el esfuerzo de toda mi vida, años de trabajo tirados a la basura”, confesó.
Las víctimas relatan cómo, mientras esperaban la entrega de sus apartamentos, veían en redes sociales la ostentación de Loany Lismeiry Ortiz, una de las principales acusadas.
«Ella y su familia vivían en opulencia con nuestro dinero», dijo indignada una de las afectadas.
El engaño millonario
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana han identificado a 122 personas afectadas, incluyendo a residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Suiza y Alemania.
Según la acusación, los implicados utilizaban métodos electrónicos para engañar a las víctimas, promocionando propiedades de lujo inexistentes a través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE.
Los acusados, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, enfrentan cargos por estafa y lavado de activos. Contra tres de ellos, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Los afectados apoyan la petición de prisión preventiva solicitada por el órgano persecutor y exigen que les sea devuelto su dinero.