El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este martes sentencias condenatorias en contra los integrantes de una red de trata y explotación de mujeres extranjeras desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El veredicto del tribunal fue calificado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) como “un hito sin precedentes en la defensa de los derechos humanos”.
Por el caso fueron sentenciados a 20 años de reclusión y al pago de 150 salarios mínimos José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar Wilcenne, tras ser declarados culpables de violar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
- Además de la trata de personas, De la Cruz también fue condenado por delitos de alta tecnología, conforme a la Ley 53-07. En tanto que Murillo Vargas, en adición, fue condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Indemnizaciones por daños y perjuicios
El tribunal acogió parcialmente la querella presentada por dos víctimas de la red. Se ordenó el pago de 3,000,000.00 de pesos de indemnización por daños y perjuicios a cada una de ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados ya mencionados José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Oscar Wilcenne.
Así como 3,000,000.00 de pesos a favor de otra víctima, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto.
Otras condenas
Mientras que los implicados en la estructura José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo fueron condenados a tres años de prisión por proxenetismo y al pago de una multa de 50,000 pesos, conforme al artículo 334 del Código Penal Dominicano.
Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian Case Renee) fue condenado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El tribunal declaró penalmente responsable al Hotel Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red criminal y ordenó su disolución. Además, ordenó el decomiso de los bienes incautados durante la investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas para la comisión de los delitos.
No culpable
Por otro lado, el acusado Carlos Jonathan Walwyn Campusano fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dictándose sentencia absolutoria a su favor por insuficiencia de pruebas, en conformidad con el Código Procesal Penal.
En consecuencia, se ordenó el cese de las medidas de coerción en su contra y se declararon las costas penales de oficio a su favor.
Bienes incautados
En cuanto a los bienes incautados, el tribunal ordenó el decomiso de los siguientes vehículos a favor del Estado dominicano
- Hyundai Sonata N20, año 2016, color blanco, placa A815590;
- Honda Accord ELX, año 2013, placa A785478.
Reacción del Ministerio Público
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas resaltó que esta sentencia representa “un avance significativo” en la persecución de delitos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a través de una investigación “técnica y robusta”, basada en herramientas forenses y testimonios protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad penal de los implicados y asegurando justicia para las víctimas.
“Este resultado es fruto del trabajo coordinado entre fiscales especializados, cuerpos de seguridad y la cooperación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de perseguir, procesar y llevar ante la justicia a quienes se lucran a costa de la explotación de personas vulnerables. No permitiremos que estructuras criminales operen con impunidad. La justicia prevalecerá y seguiremos enfrentando con firmeza estos delitos», destacó la procuradora general de corte apelación, Yoanna Bejarán, titular de la PEET.
Próximos pasos
El tribunal ordenó la notificación de esta decisión al juez de ejecución de la pena correspondiente y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 24 de abril de 2025 a las 9:00 de la mañana, fecha a partir de la cual las partes podrán ejercer los recursos legales correspondientes.