El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que el proyecto propuesto por la Junta Central Electoral (JCE) para viabilizar las candidaturas independientes a través de asociaciones cívicas debe discutirse cuidadosamente y corregirse debido a “elementos discriminatorios, incongruencias legales y limitaciones” que contiene y que podrían afectar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
El proyecto surge en cumplimiento de la sentencia TC/0788/2024 del Tribunal Constitucional, que manda al Congreso Nacional a garantizar la participación de candidaturas independientes. No obstante, Participación Ciudadana señala que el texto presentado contiene múltiples aspectos que deben ser revisados a fondo.
Entre las principales críticas se destaca que:
- La inscripción de las asociaciones cívicas (AC) se regirá por la Ley No. 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro, un proceso que Participación Ciudadana considera excesivamente complejo y lento para organizaciones de carácter exclusivamente electoral y transitorio.
- El requisito de recolectar firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral, en un plazo de solo 30 días, se considera desproporcionado frente a lo que se exige a partidos y movimientos políticos, a quienes se les permite más tiempo y se les pide el 2 % de los votos válidos, una diferencia que podría calificarse como discriminatoria, dijo el movimiento.
- El proyecto contempla un límite de tres candidaturas independientes por demarcación, con selección final mediante sorteo si hay más postulantes.
Para Participación Ciudadana, esta disposición atenta contra los derechos de quienes hayan cumplido con todos los requisitos legales, relegando su participación al azar.
También se critica que las asociaciones cívicas solo puedan presentar una candidatura por nivel de elección, incluso en niveles plurinominales como diputaciones o regidurías, y que se les adjudique solo un escaño sin importar la cantidad de votos obtenidos.
La entidad califica esto como “irrazonable y contrario a los principios de igualdad” consagrados en la Constitución.
Ambigüedad legal
Asimismo, Participación Ciudadana resalta que el proyecto crea una nueva figura jurídica para presentar candidaturas (la asociación cívica), pero al mismo tiempo las trata como postulaciones personales, lo cual genera ambigüedad legal y contradice el carácter colectivo de las candidaturas institucionales.
Llamado al Congreso
El movimiento hizo un llamado al Congreso Nacional para que revise el proyecto en profundidad, escuche las observaciones de expertos constitucionales y garantice una normativa justa, equitativa y conforme con los principios democráticos.
“Este año es propicio para que se produzca un acuerdo nacional que consolide el progreso del sistema electoral dominicano”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana en un documento.