El Consejo Presidencial de Transición en Haití (CPT) expresó este jueves su rechazo a lo que considera actos de discriminación contra sus ciudadanos en la República Dominicana, tras la implementación de un nuevo protocolo de verificación migratoria en hospitales públicos.
Esta medida fue anunciada por el Gobierno con el fin de enfrentar la migración irregular de haitianos. En su primer día de implementación, el pasado lunes 21, se detuvo a 135 haitianos, que fueron repatriados.
A través de un comunicado de prensa, el CPT calificó como «particularmente preocupantes» las condiciones en que se están realizando las expulsiones de haitianos desde el territorio dominicano.
Los derechos fundamentales
Según el organismo, estas acciones vulneran los derechos fundamentales de sus compatriotas.
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«El Consejo hace un llamado al respeto de los derechos humanos y exhorta al Gobierno dominicano a priorizar el diálogo bilateral para encontrar soluciones duraderas, justas y basadas en el respeto a la dignidad humana», indicó el CTP en el comunicado.
Recibir a sus nacionales con dignidad
Asimismo, anunció que instruyó a las autoridades haitianas competentes a garantizar que los ciudadanos repatriados sean recibidos en «condiciones dignas y conforme a los principios de derechos humanos».
El CTP reafirmó su compromiso de proteger a todos los ciudadanos haitianos y de trabajar por una «gestión migratoria más humana y coordinada entre Haití y República Dominicana«.
ONU y Amnistía
La postura del Consejo Presidencial de Transición en Haití (CPT) se suma a la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la organización Amnistía Internacional (AI), que, por separado, expresaron su rechazo a esta medida.
Amnistía Internacional (AI) pidió poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación.
“La implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro», señaló en un comunicado Ana Piquer, directora de AI para las Américas.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
“(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.