El presidente de la República, Luis Abinader, aclaró la tarde de este lunes que el proyecto de ley que crearía la ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales no es de autoría del Gobierno, aunque fue remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El mandatario fue enfático al señalar que la pieza que está en el Senado para su estudio «no tiene ni una coma de su autoría».
«Quien les habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley, una coma», acotó Abinader.
Refirió que el proyecto es producto de aportes de varios sectores de la sociedad, incluyendo representantes de medios de comunicación y abogados. «Ese es un proyecto que se originó de consenso entre diferentes sectores», agregó el presidente.
También dijo que la pieza está en proceso de estudio y que los sectores interesados en aportar algo pueden hacerlo en el referido hemiciclo.
Pide a inconformes que vayan al Congreso
«Si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores», abundó.
«Pero los que faltan, que vayan al Congreso para que los escuchen y puedan determinar si tienen méritos sus observaciones», dijo en referencia a los sectores del país que han mostrado oposición al proyecto de ley, sometido el pasado dos de abril de este año.
Abinader tocó el tema al ser cuestionado por una periodista durante la sesión de preguntas y respuestas de LA Semanal con la Prensa. Se le preguntó su opinión sobre las quejas e inconformidades de algunos sectores en torno a la propuesta.
El proyecto de ley fue sometido a través del Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, debido a que la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, coordinada por el abogado Namphi Rodríguez, se acercó al jefe de Estado para someter la modificación de la actual Ley 61-32, la cual data de 1962 y cuya actualización es demanda desde hace años por la sociedad y los medios de comunicación.
Quejas y apoyo
El proyecto está en comisión de Estudio en el Senado de la República. Desde hace semanas ha sido objeto de críticas bajo alegato de que tendría poder para establecer censura previa a medios digitales.
Este punto lo planteó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. De acuerdo al político, la mormativa contiene artículos «que aparentan proteger derechos, pero que en la práctica consolidan un modelo de control disfrazado».
Dijo que la pieza «crea un organismo regulador dependiente del Ejecutivo, capaz de sancionar, multar y suspender medios sin necesidad de un juez».
La suspicacia nace por la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), adscrito al Ministerio de Cultura, que asumiría las funciones de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Esta nueva entidad tendría el mandato de velar por el ejercicio pleno de la libertad de expresión, supervisar a los prestadores de servicios de comunicación y garantizar una programación diversa y plural.Pero también el proyecto ha logrado en respaldo de algunos actores. Es el caso de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), cuyo presidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que el proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, está alineado con la realidad nacional y responde a las nuevas dinámicas comunicacionales, especialmente en el ámbito digital.