En un contexto en el que el Gobierno dominicano incrementa sus esfuerzos para mitigar el impacto de la crisis haitiana en el país, el Instituto Duartiano reitera su negativa ante la idea de implementar planes de regularización de trabajadores indocumentados de la vecina nación.
Este lunes, el presidente de la institución, Wilson Gómez, advirtió que la situación en Haití representa una amenaza para la República Dominicana y que suministrar documentos de identidad a ciudadanos extranjeros irregulares transgrede principios constitucionales y acuerdos internacionales.
“Todo el mundo sabe que la dotación de documentos de un ciudadano es un ejercicio de la soberanía de ese país. Nosotros tenemos una limitante clara constitucional. La parte final del artículo 3 de la Constitución establece que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países o los Estados”, explicó.
Motivados por la intensificación de las medidas de control migratorio, varios representantes de los sectores productivos han señalado la necesidad de regularizar la mano de obra extranjera, de la que dependen actividades como la agropecuaria, los servicios domésticos, la hotelería, la construcción, entre otros.
El diálogo del presidente Luis Abinader con los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina ha generado expectativas sobre las políticas que deben ejecutarse para controlar la migración irregular de haitianos hacia la República Dominicana.
Gómez sostuvo que el país debe continuar su política de repatriaciones y exigir al empresariado «asumir su responsabilidad», entendiendo que la situación es un problema de nación y que no puede anteponerse el beneficio económico particular.
“El país reclama en este momento que haya sacrificio por parte de todos, que se incentiven los salarios y las condiciones de trabajo para que los dominicanos opten por empleos en los que se sientan, de alguna forma, beneficiados”, expresó.
Es «injusta» reacción del Vaticano
El titular del Instituto Duartiano, expresó que el reciente reportaje publicado en el portal oficial de información del Vaticano, Vatican News, es producto de una campaña de descrédito a nivel internacional en contra de la República Dominicana.
«Ya hasta el Vaticano está reaccionando en contra de nuestro país en un asunto absolutamente injusto, pues la República Dominicana ha sido el Estado que más ha contribuido con Haití», dijo.
El referido medio informativo ha calificado a los migrantes haitianos que viven en República Dominicana como «refugiados» y ha denunciado las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que se encuentran, tanto en Haití como en territorio dominicano.
«Es un asunto que tenemos que rechazar y eso obliga al Estado, con más rapidez todavía, a lanzar una ofensiva diplomática para edificar al mundo y decir que esa es una campaña mentirosa y que no tiene base», añadió Gómez.
El artículo, firmado por la periodista Greta Giglio, asegura que en el país residen más de un millón de refugiados haitianos «cuya existencia está en riesgo debido a la violación sistemática de sus derechos humanos básicos».
El testimonio central del reportaje corresponde a la hermana María Eugenia Vázquez, misionera scalabriniana radicada en Santo Domingo, quien expone las dificultades extremas que enfrentan las mujeres haitianas embarazadas: muchas optan por dar a luz en sus casas, sin asistencia médica, por miedo a ser arrestadas y deportadas si acuden a un hospital.
Simposio sobre las implicaciones de la crisis haitiana
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Estas declaraciones surgieron durante el simposio «Situación de crisis de Haití y su implicación para la República Dominicana», organizado por el Instituto Duartiano, en el cual se analizaron las consecuencias de la agudización de los graves problemas que enfrenta el país vecino y su repercusión en el panorama nacional.
Entre los oradores invitados figuraron el general retirado José Miguel Soto Jiménez; el analista político Pelegrín Castillo Semán; el especialista en temas migratorios Juan Manuel Rosario; la comunicadora Karina Sánchez Campos; el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón; la educadora Dra. Luisa Navarro; y el abogado Osvaldo Montalvo Cossio.
Los expositores desarrollaron un programa de ponencias estructurado en bloques temáticos que abarcaron desde la defensa de la frontera y la soberanía territorial, hasta el enfoque trinitario como ideal vigente frente a los desafíos actuales.